Normas a la población civil para protegerse en el conflicto colombia.
Por:
Oswaldo Torres Hernández "Camilo"
CC#16'663.840 de Cali Valle.
Comissão Internacional FARC-EP
São Paulo/Brasil.28/09/2010.
Contexto. Guerra del pueblo en armas contra la oligarquía mafiosa y paramilitar.
Los combates en tres poblaciones del cauca (Jambaló, Cajibío, Caldono) reseñados por la prensa en Colombia en el día de hoy, (20.02.2009), dan cuenta de la magnitud del conflicto colombiano. Ante esta realidad, que se impone y le escupe la cara a los cultores de la seguridad democrática, quienes pretenden seguir negando el conflicto, social, político y armado que vive Colombia, la población civil colombiana debe tomar ciertas medidas necesarias para protegerse.
En una constante violación al derecho internacional, las FFAA del régimen mafioso continúan construyendo sus trincheras junto a casas, escuelas, puesto de salud, guarderías. El único objetivo de los policías y soldados es utilizar la población civil, como escudos humanos, como lo está haciendo en las poblaciones del cauca, y en otras regiones del país. Los aviones de la seguridad democrática bombardean cotidianamente y de forma indiscriminada la población civil para someterla al desplazamiento.
Los soldados y policías que le sirven de carne de cañón al régimen, corren asustados a esconderse en casas y en medio de la población civil, para escaparse del fuego insurgente.
Que deben hacer los civiles?
Los civiles en Colombia deben tomar las siguientes medidas:
No asistir a ningún acto público, convocado por los partidos y politiqueros de la coalición narcoparamilitar que ocupa la casa de Nariño.
No viajar en autos de campañas políticas y escoltas oficiales.
No viajar en ningún auto con candidato alguno.
A los autos civiles, se les recomienda conservar una distancia de más de 300 metros de autos que transporten politiqueros
No habitar junto a puestos de policía, guarniciones militares, puestos de control de las FFMM.
No comprar en las tiendas y graneros de capital paramilitar.
No frecuentar los sitios de prostitución y juegos de azar donde hacen presencia los soldados y policías.
No viajar cerca de autos de las FFMM, conservar una distancia prudente.
No colaborar con la fuerza pública.
Cerrar sus puertas y no permitir el ingreso de la fuerza pública en sus casas.
No permitir trincheras cerca de sus casas, en sus barrios, veredas, municipios y ciudades.
La seguridad jurídica al capital transnacional no será garantizada por el régimen mafioso-paramilitar. Invertir en Colombia es un mal negocio.
En todos los foros internacionales, la carta de presentación del gobierno oligárquico, es la cacareada seguridad jurídica y la seguridad en general al capital transnacional. Falacia pura, mientras Colombia no tenga, democracia, justicia social, y vida digna para todos los colombianos, el gobierno de turno no podrá, bajo ninguna circunstancia garantizar nada al capital transnacional.
Los índices de la delincuencia narcoparamilitar se dispararon en todas las ciudades, bajo la cobertura oficial, que desde el régimen se le otorgo a los aliados paramilitares, cobertura, institucionalidad, legalización e impunidad, integran el menú de la patente de corso del régimen. La tasa de criminalidad ha aumentado en un 30%, y los millones de desplazados que hoy habitan en las grandes capitales son una bomba de tiempo para este régimen narco-mafioso que ha contribuido a la concentración, cada vez más en pocas manos, de la riqueza del país y ha socializado las pérdidas.
“Según el Protocolo I de 8 de junio de 1977, las guerras de liberación nacional también han de ser consideradas como conflictos de carácter internacional. Una guerra de liberación nacional es un conflicto en el que un pueblo en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación lucha contra una potencia colonial. Hoy en día, la comunidad internacional acepta plenamente el concepto de derecho a la autodeterminación. No obstante, las conclusiones que se pueden extraer para las necesidades del derecho humanitario siguen suscitando controversia (en especial, en su aplicación a determinadas situaciones de conflicto)”.
“Basta con ojear los periódicos o el mapa del mundo para comprobar que los conflictos entre Estados son, hoy en día, más bien una excepción que la regla. La mayoría de los conflictos armados se desarrollan en el territorio de un único Estado: se trata de conflictos de carácter no internacional. Uno de los denominadores comunes de numerosos conflictos internos es la intervención de las fuerzas armadas de otro Estado, que acuden en apoyo del Gobierno o de los insurgentes”.
“Basta con ojear los periódicos o el mapa del mundo para comprobar que los conflictos entre Estados son, hoy en día, más bien una excepción que la regla. La mayoría de los conflictos armados se desarrollan en el territorio de un único Estado: se trata de conflictos de carácter no internacional. Uno de los denominadores comunes de numerosos conflictos internos es la intervención de las fuerzas armadas de otro Estado, que acuden en apoyo del Gobierno o de los insurgentes”.
Las normas esenciales del derecho humanitario aplicable a los conflictos armados no internacionales son mucho más sencillas que las que rigen los conflictos internacionales. Tienen como fuente principal el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. En el mencionado artículo se insta a las Partes implicadas en un conflicto interno a respetar algunos principios fundamentales del comportamiento humanitario antes comentado. Es interesante destacar en este punto que el artículo 3 común a los Convenios es de obligado cumplimiento tanto para los Gobiernos como para los insurgentes, más sin conferir a estos últimos un estatuto especial.
El Protocolo adicional II de 1977 completa el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra por cuanto contiene algunas disposiciones más específicas. Contribuye, por tanto, a reforzar la protección humanitaria en situaciones de conflicto armado interno. El Protocolo II tiene, no obstante, un ámbito de aplicación más restringido que el artículo 3 común, ya que es aplicable tan sólo si los insurgentes controlan una parte del territorio nacional”. (www.cicr.org)
Se impone la solución política.
Para aquellos que hablan desde la comodidad de sus oficinas en Bogotá sobre las reglas mínimas que buscan humanizar la guerra, el mensaje cotidiano del conflicto colombiano es que, ninguna guerra se humaniza, todas las guerras son costosas en dolor y sufrimiento y que la mejor solución al conflicto, social, político y armado es la solución política, “porque es tan criminal quien hace una guerra innecesaria, como aquel que deja de hacer una guerra necesaria”. La guerra impuesta al pueblo colombiano es la política oficial del régimen mafioso y ante esa macabra constatación, el pueblo en armas debe ejercer el derecho a la resistencia.
Nota: Fotocopie y distribuya estas consignas mínimas, en su barrio, en su vereda, en su municipio, pase la voz.
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