sábado, 21 de agosto de 2010

El Estádo responderá por el Genocidio de la Unión Patriotica.

Por:Oswaldo Torres Hernández "Camilo" FARC-EP
São Paulo/Brasil 21/08/2010.

No se pueden negar los criminales disparos desde las cumbres del poder

EL ESTADO ES RESPONSABLE DEL GENOCIDIO DE LA UP. EJEMPLAR CONDENA EN EL CRIMEN DEL SENADOR MANUEL CEPEDA VARGAS

9 de agosto de 1994, a las 8:30 de la mañana, el H. Senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, en compañía de un escolta y el conductor, se dirigían al Congreso de la República, por la avenida de las Américas en Bogotá, desde el barrio Banderas localidad de Kennedy; a la altura del barrio Mandalay, fueron alcanzados por un vehiculo en el que dos hombres pertenecientes a la fuerza pública, dispararon contra el congresista, quitándole la vida. Posteriormente sus familiares fueron amenazados de muerte por agentes del Estado.
El gobierno no dudo en señalar que ese crimen había ocurrido como parte de una “acción de guerra”, negando toda responsabilidad, incluso, intentó señalar que la causa del asesinato era la realización de actividades no legales por parte del congresista, omitiendo información y tergiversando la realidad, intentando con ello legitimar la impunidad. Todo era parte de la guerra sucia, las cúpulas de poder encabezadas por militares de alto rango, fuerzas de seguridad y las altas jerarquías del paramilitarismo diseñaron una estrategia de exterminio contra las comunidades que se constituían en base política de la UP y contra destacados líderes de ese movimiento político, denominado “plan golpe de gracia”, dejando en evidencia la empresa criminal que han construido de años atrás fuerzas de Estado en connivencia abierta y fundada con grupos armados ilegales-paramilitares-. Mandos paramilitares en sus declaraciones, han señalado a miembros de inteligencia del Das como promotores de múltiples crímenes, entre ellos el de Manuel Cepeda.
En los estrados nacionales las investigaciones han mostrado la responsabilidad del Estado en los hechos, pero tímidamente se ha emitido condena contra dos de lo implicados. Ahora es la Corte Internacional, la que le exige al Estado acatar la decisión y como mínimo reconocer la responsabilidad en un acto público.


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