quinta-feira, 9 de dezembro de 2010

Cominicado del Secretariado de las FARC-EP.

 Secretariado de las FARC-EP.

Por :Oswaldo Torres Hernández "Camilo"

CC#16'663.840 de Cali V.

Comissão Internacional FARC-EP.

Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia FARC/Exêrcito do Povo.

São Paulo,Brasil 09/12/2010.

Impulsados por el más justificado imperativo ético nos dirigimos a usted para expresarle, en este momento crucial de su vida política, nuestra solidaridad incondicional frente al brutal atropello de la Procuraduría General de la Nación contra su esfuerzo humanitario por la paz de Colombia.

 

La decisión del Procurador Alejandro Ordoñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la para - política en Colombia.

 

El país nacional no puede permitir que se abra paso la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto. Ordoñez actúa contra derecho. Es más prevaricador que Procurador. Al inhabilitar por 18 años a la senadora, pretendiendo su muerte política, no sólo se extralimita usurpando funciones propias del Consejo de Estado; además sustenta su miserable decisión en los supuestos datos de un computador, que no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la policía, violándose así la cadena de custodia.

 

En este caso no hay derecho a la defensa ni al debido proceso. Nadie ha vencido en juicio a Piedad Córdoba. Constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia.

 

La actuación del “Prevaricador General”, que convierte en delito la lucha por la paz, lo evidencia como mandadero torpe e incauto. La senadora Córdoba no solamente actuaba con el aval del ejecutivo; ella ha obrado en el marco de la Constitución, que consagra como derecho y deber, la búsqueda de la paz.

 

El engañoso término de la FARC-política fue una invención del cabecilla paramilitar que ocupó la presidencia de la República durante ocho años, como desesperado recurso para desviar la atención sobre su responsabilidad penal en caso de la para - política.

 

El proceso de la para-política está referido a votos y a proselitismo armado de grupos paramilitares a favor de unas candidaturas al Congreso. El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, se ufanó en su momento de que su facción había logrado elegir más del 30 por ciento de los congresistas colombianos. El paramilitarismo también contribuyó a elegir al presidente de la República en dos oportunidades, a través de presiones, fraudes electorales y financiación en dólares.

 

No puede haber proceso de FARC-política, porque nunca hemos orientado votar por Piedad Córdoba. No hemos participado en debates electorales desde que la intransigencia oligárquica del país masacrara a la Unión Patriótica.

 

En el intercambio epistolar sostenido con la senadora en torno a la solución política del conflicto, siempre hemos sostenido que el acuerdo de paz que surja de la mesa de conversaciones FARC-gobierno, debe ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente, que le dé fuerza constitucional a los mismos, a fin de que se asegure por esa vía, la aclimatación de la paz. En el manifiesto de las FARC, documento en el que exponemos la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, invitamos al país a trabajar por la construcción de una alternativa política hacia la paz, propósito que hoy reiteramos.

 

La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo. Si persiste la injusticia, nadie podrá impedir que se levante en Colombia un poderoso movimiento por la paz liderado por sus hijos e hijas más preclaro s.

 

Como un gesto de humanidad y de desagravio a la senadora de la paz, liberaremos a los siguientes cinco prisioneros: Mayor de la policía Guillermo Solórzano, Cabo del ejército Salín Sanmiguel, Infante de marina Henry López Martínez, y a los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuña, estos últimos investigados por las FARC por corrupción. La decisión está tomada y la fecha dependerá de las garantías que otorgue el gobierno para que la senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados.

 

Nuestra lucha por el canje de prisioneros de guerra se mantiene. No cejaremos en el propósito de buscar la liberación de Simón Trinidad -arquetipo del decoro y la firmeza del revolucionario fariano, y el retorno de los nuestros, desde las cárceles del régimen y del imperio, a los campamentos insurgentes. Para todos ellos nuestro mensaje de aliento y esperanza.

 

Senadora Piedad Córdoba: compartimos con usted y con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que la guerra no puede ser el futuro de Colombia.

 

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC - EP

 Montañas de Colombia, diciembre de 2010

Imposible tapar el sol con un dedo

Comienza a derrumbarse todo el régimen mafioso de mentiras, intimidación, corrupción y podredumbre que montó Álvaro Uribe. Para tapar eso era la urgencia de ser reelecto, pero ya todo está quedando en evidencia a la luz de las investigaciones, ante la opinión y el rechazo masivo y multitudinario a toda parte donde va.

 

El llamado a juicio que hizo la fiscalía a Jorge Noguera Cote por concierto para delinquir (entre otros), reivindica plenamente la mefítica radiografía del DAS, del gobierno Uribe, de las elecciones y del criminal régimen narcoparamilitar que detalló en su momento el señor Rafael García, lo que demuestra la estructura mafiosa, corrupta, excluyente y violenta del Estado colombiano.

 

Ese proceso sirve para graficar una vez más los verdaderos soportes del régimen político colombiano e igualmente enriquece las denuncias concretas, respaldadas por las mismas instituciones oficiales, sobre Uribe y sobre el actual gobierno que se ha promocionado como continuador de las políticas y estrategias del gobierno anterior, en primer lugar del terrorismo de Estado que lo caracterizó.

 

La asquerosidad, la infamia y la cobardía del uribismo, expuestas palmariamente en el caso de la señora Hurtado, ex directora del DAS y de su confesión de parte al asilarse en Panamá, abre posibilidades reales para un enjuiciamiento que termine con Uribe pagando condena por sus innumerables crímenes o fugitivo.

 

Este caso, sumado a muchísimas evidencias que continúan surgiendo alrededor de las aberrantes prácticas terroristas, delincuenciales e inmorales del gobierno anterior, aunado al asesinato de 22 sindicalistas desde que Santos asumió, a las masacres de campesinos que se multiplican sin freno, a los crímenes de dirigentes populares abanderados de la causa de restitución de tierras y a las indignantes atrocidades que diariamente comete el ejército contra la población civil, en su tarea de ocupación del territorio nacional, proporcionan un material importante, con fundamento, sobre la vigencia de la lucha armada revolucionaria en nuestro país, para enfrentar al violento régimen oligárquico colombiano.

 

La inocultable actividad militar de las FARC por todo el territorio nacional, concita una vez más, opinión política de muy variada índole. Se está demostrando que el pueblo es capaz de adecuarse a las nuevas condiciones que impone la agresión del Estado por muy sofisticada que ella sea, para resistirla y enfrentarla manteniendo claro el norte de acceder al poder del Estado por la vía que nos lo posibilite la misma lucha.

 

Los sofismas propagandísticos del uribismo están siendo triturados por la realidad que muestra a un movimiento guerrillero pujante, digno y combativo a pesar de la manifiesta asimetría de la confrontación, lleno de razones proporcionadas por las condiciones objetivas de violencia e injusticias que llevaron hace 46 años largos a que nuestro pueblo se viera impelido al alzamiento armado.

 

Los bajos índices de inflación a costa de un exiguo consumo popular, las propuestas oficiales sobre salario mínimo, el aumento del precio de los combustibles, el raponazo a las regiones petroleras de sus regalías, las trabas, limitaciones, la demagogia y la exclusión que rodean el proyecto de ley de restitución de tierras así como la llamada Ley de Tierras, la entrega incondicional y lesiva de nuestros recursos minerales a las multinacionales así como la práctica sin fin de privatizar las empresas públicas de mayor rentabilidad y proyección, la persistencia en lesionar los ingresos de los sectores populares para posibilitar el aumento de las ganancias del gran capital, los desafiantes anuncios sobre las ganancias del capital financiero en nuestro país cuando crecen la marginalidad y la pobreza, y, por qué no decirlo, las consecuencias que traerá el cambio climático auguran grandes luchas para el periodo que se inicia a partir del 1 de enero del año entrante.

Farc en carta a Piedad Córdoba

ANNCOL

A continuación carta en su totalidad divulgada por el Secretariado del Estado Mayor de las FARC   

Doctora

PIEDAD CÓRDOBA

Bogotá

Cordial saludo

 

Impulsados por el más justificado imperativo ético nos dirigimos a usted para expresarle, en este momento crucial de su vida política, nuestra solidaridad incondicional frente al brutal atropello de la Procuraduría General de la Nación contra su esfuerzo humanitario por la paz de Colombia.

 

La decisión del Procurador Alejandro Ordoñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la para - política en Colombia.

 

El país nacional no puede permitir que se abra paso la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto. Ordoñez actúa contra derecho. Es más prevaricador que Procurador. Al inhabilitar por 18 años a la senadora, pretendiendo su muerte política, no sólo se extralimita usurpando funciones propias del Consejo de Estado; además sustenta su miserable decisión en los supuestos datos de un computador, que no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la policía, violándose así la cadena de custodia.

 

En este caso no hay derecho a la defensa ni al debido proceso. Nadie ha vencido en juicio a Piedad Córdoba. Constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia.

 

La actuación del “Prevaricador General”, que convierte en delito la lucha por la paz, lo evidencia como mandadero torpe e incauto. La senadora Córdoba no solamente actuaba con el aval del ejecutivo; ella ha obrado en el marco de la Constitución, que consagra como derecho y deber, la búsqueda de la paz.

 

El engañoso término de la FARC-política fue una invención del cabecilla paramilitar que ocupó la presidencia de la República durante ocho años, como desesperado recurso para desviar la atención sobre su responsabilidad penal en caso de la para - política.

 

El proceso de la para-política está referido a votos y a proselitismo armado de grupos paramilitares a favor de unas candidaturas al Congreso. El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, se ufanó en su momento de que su facción había logrado elegir más del 30 por ciento de los congresistas colombianos. El paramilitarismo también contribuyó a elegir al presidente de la República en dos oportunidades, a través de presiones, fraudes electorales y financiación en dólares.

 

No puede haber proceso de FARC-política, porque nunca hemos orientado votar por Piedad Córdoba. No hemos participado en debates electorales desde que la intransigencia oligárquica del país masacrara a la Unión Patriótica.

 

En el intercambio epistolar sostenido con la senadora en torno a la solución política del conflicto, siempre hemos sostenido que el acuerdo de paz que surja de la mesa de conversaciones FARC-gobierno, debe ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente, que le dé fuerza constitucional a los mismos, a fin de que se asegure por esa vía, la aclimatación de la paz. En el manifiesto de las FARC, documento en el que exponemos la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, invitamos al país a trabajar por la construcción de una alternativa política hacia la paz, propósito que hoy reiteramos.

 

La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo. Si persiste la injusticia, nadie podrá impedir que se levante en Colombia un poderoso movimiento por la paz liderado por sus hijos e hijas más preclaro s.

 

Como un gesto de humanidad y de desagravio a la senadora de la paz, liberaremos a los siguientes cinco prisioneros: Mayor de la policía Guillermo Solórzano, Cabo del ejército Salín Sanmiguel, Infante de marina Henry López Martínez, y a los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuña, estos últimos investigados por las FARC por corrupción. La decisión está tomada y la fecha dependerá de las garantías que otorgue el gobierno para que la senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados.

 

Nuestra lucha por el canje de prisioneros de guerra se mantiene. No cejaremos en el propósito de buscar la liberación de Simón Trinidad -arquetipo del decoro y la firmeza del revolucionario fariano, y el retorno de los nuestros, desde las cárceles del régimen y del imperio, a los campamentos insurgentes. Para todos ellos nuestro mensaje de aliento y esperanza.

 

Senadora Piedad Córdoba: compartimos con usted y con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que la guerra no puede ser el futuro de Colombia.

 

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC - EP

 Montañas de Colombia, diciembre de 2010

 

Bogotá, 07 de diciembre de 2010

 

apermanente@asambleaporlapaz.com

paraasambleaporlapaz@lists.riseup.net,

 

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo como acto de reconocimiento a la importante labor desempeñada por la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado y con motivo de la celebración de sus 10 años de dedicación y compromiso con las mujeres victimas de violaciones a sus derechos humanos, se permiten invitarlos e invitarlas a la presentación del

 

 

X INFORME SOBRE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS EN COLOMBIA

 

Viernes 10 de diciembre de 2010

2:00 – 4:00 p.m

Auditorio del Centro Cultural Gabriel García Márquez

Calle 11 No. 5 – 60 (Calle la Enseñanza), Barrio la Candelaria.

Bogotá

“Es el momento de reconocer a Palestina como estado”

Argentina señala que reconoce las fronteras existentes en 1967, pero se remite a lo que establezca una negociación entre las partes.

 

 Por Miguel Jorquera

El gobierno argentino reconoció a Palestina como “un Estado libre e independiente dentro de las fronteras existentes en 1967” y “de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociación”, en referencia a las empantanadas relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. El anuncio fue realizado ayer por Héctor Timerman, y según el canciller está en sintonía con los socios del Mercosur, Brasil y Uruguay, con quienes la Argentina “comparte que ha llegado el momento de reconocer a Palestina como un Estado libre e independiente”. El embajador palestino en Buenos Aires, Walid Muaqqat, manifestó su alegría con la decisión adoptada por la Presidenta y afirmó que de esta manera la “Argentina contribuye a pavimentar el camino hacia una solución definitiva de una paz justa y duradera entre palestinos e israelíes”. En su primera reacción frente al anuncio, el embajador de Israel, Daniel Gazit, afirmó que “el reconocimiento argentino a Palestina como Estado no afecta las relaciones, no cambia las buenas relaciones que mantienen Argentina e Israel”. Pero poco más tarde el portavoz de la cancillería israelí, Yigal Palmor, calificó de “lamentable” la decisión argentina.

“La presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió hoy una nota al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, por la cual le comunica que el gobierno argentino reconoce a Palestina como un Estado libre e independiente dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación”, leyó Timerman ayer al mediodía al hacer el anuncio desde el Salón Dorado del Palacio San Martín. Dejando en claro el reconocimiento del territorio palestino establecido por la Naciones Unidas, con anterioridad a la Guerra de los Seis Días –en la que Israel anexó parte de los mismos–, también está atado a discusión diplomática entre ambos Estados.

El canciller también señaló en su mensaje que la decisión argentina de reconocimiento del Estado palestino “se inscribe en la voluntad de sus autoridades de favorecer el proceso de negociación que conduzca a la finalización del conflicto y está animada por la profunda vocación por la convivencia entre todos los pueblos”.

Timerman afirmó que “con ese objetivo nuestro país ha apoyado siempre las iniciativas de la comunidad internacional dirigidas a obtener una solución justa, pacífica y definitiva del conflicto palestino-israelí”. Pero al mismo tiempo recordó que, “a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, los objetivos citados por la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y los acuerdos de Oslo de 1993 no han sido alcanzados, lo cual ha conducido a un estado de profunda frustración”.

“Resulta importante destacar que este reconocimiento argentino se suma al de más de un centenar de estados y refleja el creciente consenso de la comunidad internacional sobre el estatus de Palestina, así como el interés generalizado para que se logren avances decisivos en el proceso de paz”. “Argentina ratifica su posición irrevocable a favor del derecho de Israel a ser reconocido por todos y a vivir en paz y seguridad dentro de sus fronteras”, sumó Timerman para reflejar la postura del Palacio San Martín sobre la otra parte del conflicto internacional.

Luego destacó que el gobierno argentino “comparte, con sus socios del Mercosur, Brasil y Uruguay, que ha llegado el momento de reconocer a Palestina como un Estado libre e independiente”. A renglón seguido, Timerman remarcó que el Mercosur “mantiene relaciones de amistad y cooperación con Israel, que quedaron reflejadas en el acuerdo de libre comercio firmado con Israel” y destacó que ese acuerdo “es el primero que ha llevado adelante el bloque regional con un país fuera de América latina”.

Sin embargo Timerman no precisó cómo fue el proceso ni el momento en que los países del Mercosur adoptaron la decisión. El viernes pasado Brasil fue el primero de los tres en reconocer a Palestina en las mismas condiciones en que lo hizo la Argentina ayer. La única explicación que dio el gobierno brasileño es que su decisión correspondió a una solicitud planteada por Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Pero está claro que los miembros del Mercosur acordaron la seguidilla de pronunciamientos a favor del reconocimiento del Estado palestino. Desde Montevideo, el vicecanciller uruguayo Roberto Conde ratificó ayer que Uruguay seguirá los mismo pasos que Brasil y Argentina, aunque lo hará formalmente recién el año que viene, “en 2011”.

Aldea global

Los primeros en reaccionar frente al anuncio fue la delegación diplomática palestina en la Argentina. El embajador Muaqqad sostuvo que el reconocimiento va a “acelerar” el proceso de paz en Medio Oriente “porque tendrá incidencia en que toda la comunidad internacional tome la decisión de involucrarse directamente para encontrar la solución de dos estados”. “El pueblo y el gobierno palestino –insistió Muaqqat– valoran altamente la posición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de respaldar los derechos nacionales del pueblo palestino y su derecho a establecer un Estado independiente sobre la frontera de 1967”. “Todo el mundo sabe que esta frontera de 1967, de acuerdo a la resolución 242 (del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) indica que Israel debe retirarse inmediatamente de los territorios ocupados en 1967”, agregó el diplomático antes de remarcar que “esta resolución no fue acatada por el Estado de Israel”.

En ese año, como resultado de una guerra relámpago con países árabes, Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén este –que luego anexó– y la Franja de Gaza, los territorios que los palestinos reclaman para fundar su Estado. Israel se retiró de Gaza en 2005, pero conserva el control de gran parte de Cisjordania y Jerusalén este.

El comunicado oficial de la embajada palestina también reflejó la “alegría y entusiasmo” por la decisión argentina. Allí se afirma que reconocer al Estado Palestino “es una reacción noviolenta que la comunidad internacional debe tomar, en respuesta a la expansión y la continua construcción de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino, que pone en evidente peligro la solución de dos estados”.

“Argentina tiene muy buenas relaciones con todos los países”, dijo el embajador israelí en la Argentina para evitar sumarle mayor trascendencia a la decisión anunciada por Timerman, aunque Gazit asumió que Israel “entiende que todo el mundo quiere la solución pacífica del conflicto”.

Gazit también dejó sentada la postura de su país frente al conflicto diplomático-militar con Palestina: “Israel no pone condiciones para sentarse a la mesa de negociación” y que son los palestinos “los que no negocian”. “Hay que convencer a los palestinos que se sienten a la mesa de negociación”, remarcó Gazit.

Luego, Gazit hizo referencia al tema que más incomoda a Israel: “el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asume que las fronteras establecidas en 1967 no son viables y que es necesario negociar”. Tras 18 meses sin contactos directos, palestinos e israelíes reanudaron este año conversaciones de paz. Pero las negociaciones colapsaron rápidamente, al expirar una moratoria israelí de 10 meses a la construcción y expansión de colonias ubicadas en tierras que los palestinos reclaman para su Estado.

Desde la Cancillería de Israel fueron menos diplomáticos al analizar la resolución argentina. “Esta lamentable decisión no ayudará para nada a cambiar la situación entre Israel y los palestinos”, afirmó Palmor. Para el vocero de la diplomacia israelí, la decisión de nuestro país “es una declaración decepcionante que va contra el espíritu de los acuerdos entre Israel y los palestinos, y contra las negociaciones de paz”. “Si Argentina –concluyó Palmor– hubiera querido hacer una verdadera contribución a la paz, hay otros medios en lugar de este gesto puramente retórico”.

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